El Caracazo del 27 de febrero de 1989 se produjo luego de un gran ajuste económico debido a la inflación que vivía entonces Venezuela. El entorno político venezolano estaba caracterizado por la vigencia del Pacto del Punto Fijo realizado por los partidos políticos desde 1958. Básicamente consistía en la consagración de los principios democráticos, donde no sólo la mayoría era necesaria para tomar decisiones sino que la unanimidad era indispensable entre los grandes actores cuando eran afectados sus intereses. Se garantizó con ello un fluido juego político electoral, donde los partidos políticos fueron los únicos articuladores de los intereses de la sociedad y verdaderos mediadores entre el Estado y la Sociedad. (1) El pacto se realizó luego de sufrir consecutivas décadas de gobiernos militares.
Este arreglo político fue desvirtuado por la corrupción, burocratismo y clientelismo de los partidos políticos, en los cuales no existía renovación de los cuadros y de los líderes, desvinculándose de sus bases y por lo tanto del apoyo popular. Lo que finalmente condujo a los violentos hechos del 29 de febrero de 1989.
En el Perú la situación política está caracterizada por una frágil democracia, en la cual se ha adoptado el llamado Acuerdo Nacional que es un poco más que declarativo, pero que en conjunto con una consistente política económica a través de 4 gobernantes distintos ha logrado un sustancial crecimiento económico. La diferencia estriba en que el único partido medianamente organizado es el Partido Aprista Peruano (APRA) ahora en el gobierno, y los demás son agrupaciones políticas que surgen circunstancialmente o excepcionalmente son partidos capitalinos o movimientos populares de pocos años. El fenómeno de descomposición política que se produjo en Venezuela en la década de los 90 está ocurriendo ahora en el APRA y en los otros grupos políticos. La “generación de los cuarentones” que se vislumbraba como la renovación generacional en Alfonso Ugarte ha decepcionado al tener a sus dos mayores lideres envueltos en escándalos relacionados a la corrupción. No podemos ser ajenos que estos acontecimientos son solo la cereza en el pastel, de una larga lista de escándalos que han involucrado a los políticos relacionándolos con la corrupción. Si el Perú tiene un riesgo en su horizonte es el no haber podido, aún, consolidar un sistema de partidos políticos confiable.
El próximo obstáculo económico al que el país se enfrente podría ser la inflación, de no controlar el forado que produce el fondo de estabilización de combustibles, aunado a los shocks externos que esta vez podría provenir de Europa. Este escenario sería una prueba que la economía podría superar pero no las organizaciones políticas. Como consecuencia de ello se produciría un reacomodo de la configuración política que llevaría a la población al hartazgo y a la subsecuente elección de organizaciones políticas alternativas, que no necesariamente comulguen con el vigente modelo económico. De ocurrir aquello a esta época (2006-2011) se la conocería en los libros de historia como la cleptocracia aprista.
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